Valencia, no fuistes la única.





“Hacemos lo que podemos”. “La gestión está siendo ejemplar”. “No es para tanto, dejemos de victimizar”. O la mejor: “La responsabilidad es de otros, no nuestra”. ¿Os suena?

Frases históricas de este país llamado España, pronunciadas sobre todo por quienes llevan la bandera y el patriotismo rancio —y profundamente hipócrita, causante del mal de nuestro país— en la sangre, pero que se les coagula cuando deben trabajar, mirar por su país… gestionar, al fin y al cabo.

Y hablando de gestionar, resulta irónico —por no decir insultante— que cuando hay muertos, víctimas, pueblos arrasados y familias destrozadas, haya quien todavía tenga la poca vergüenza de hablar de “gestión”. ¿Acaso sabrán lo que significa? Démosle un repasito.

Según la Real Academia Española (RAE), la gestión es la acción y efecto de administrar o de llevar a cabo diligencias para conseguir o resolver algo, y puede ser gestión pública —administración de los recursos del Estado para implementar políticas y servicios— y gestión política. Hasta ahí bien. Ambas deberían cumplir con acciones que logren objetivos políticos y sirvan al interés público. Esto último ya no tanto.

Desde los inicios de la democracia —y con la maldita hemeroteca en la mano—, las catástrofes han sido historia de España no tanto por lo desgraciadamente ocurrido, sino por el desastre de no saber gestionar desastres. Y casualmente, casi siempre del mismo bando patriótico, con la cantidad de víctimas que eso ha conllevado. Saquemos datos.

El Prestige (2002). 77.000 toneladas de petróleo provenientes de un buque bañaron las costas de Galicia, siendo el desastre medioambiental más importante de la historia española. La gestión desde los gobiernos populares de Galicia y central —Fraga y Aznar— fue minimizar la situación, tomar decisiones inútiles, tardías y alejadas de la realidad y, sobre todo, despreciar y criminalizar a aquellos que querían respuestas y soluciones: el movimiento “Nunca Máis”. Los autoproclamados defensores de la libertad criticando a quienes exigían sus derechos. Paradójico. Hoy día, ningún responsable de esos gobiernos ha pagado por el daño que cometieron.



El Yak-42 (2003). No les duró mucho la paz de autoproclamarse los grandes gestores. Ocurrió la catástrofe del avión Yak-42 en Turquía. 62 personas a bordo, ningún superviviente, y todo por la contratación de un avión viejo, inutilizable y sin un mínimo de seguridad, todo para ahorrarse unos millones que probablemente acabaron en bolsillos ajenos. El resultado: 62 víctimas destrozadas y más de uno —como si no fuera poco— entregado y enterrado con identidades erróneas o con partes de cuerpos mezcladas. La gestión, una vez más: mentiras, desprecio a las familias y, por supuesto, ninguno en la cárcel. Otra más en las conciencias de muchos.


El 11M (2004). A desgracia por año —porque serán conservadores, pero la gestión no es lo suyo—, nos levantamos con la noticia que paró a todo un país: un atentado terrorista en la estación de Atocha que dejó más de 190 muertos y miles de heridos. El PP se dedicó desde el primer momento a mentir, asegurando que los responsables eran ETA, cuando todos los expertos señalaban al terrorismo islamista. ¿Y por qué éramos un objetivo para los islamistas? Pues lo mismo que lo fueron las Torres Gemelas: por la entrada en la guerra de Irak del señor Aznar y su “trío de las Azores”. Las mentiras y la manipulación les costaron las elecciones, pero una vez más, ninguno en la cárcel. Mientras tanto, cientos de familias marcadas para siempre.


El Metro de Valencia (2006). Los números uno de la corrupción no iban a quedarse atrás en la gestión de las desgracias, en este caso, en su territorio clave: Valencia —Mazón no fue el único que dejó heridas abiertas—. Fue uno de los sucesos con mayor falta de transparencia e información, incluso en los medios de comunicación. Durante años fue un tema tabú, y muchos lo conocimos gracias al programa Salvados y las investigaciones posteriores. El descarrilamiento de un tren de metro causó 43 muertos, pero desde la Generalitat y la Alcaldía —ambas del PP, qué coincidencia— se trató de tapar todo con la visita del Papa a la ciudad. Muchas sombras en un suceso que sí tuvo responsables, como Juan Cotino y el propio partido, organizador principal de una trama corrupta y de ocultación de la verdad.


La Hepatitis C (2013). Bajo el gobierno de Mariano Rajoy, entre recortes y falta de libertades, ocurrió otra gestión ejemplar —de las suyas—: la falta de acceso a un medicamento que podía dar solución a los afectados por Hepatitis C. Por “razones presupuestarias”, esta gestión dejó más de 4.000 pacientes que murieron esperando el tratamiento, y las comunidades autónomas decidieron quién debía vivir y quién morir. La solución del gobierno central fue acudir a medicamentos más baratos y menos fiables, lo que provocó más víctimas mortales. Una más, y las que quedan.


Las Residencias de Madrid (2020). Si la población no tuvo suficiente con los años de Aznar o Esperanza Aguirre, durante esta década aparece su heredera política: Isabel Díaz Ayuso, la número uno en decisiones catastróficas en la Comunidad de Madrid, siempre asesorada por su inseparable M.A.R. Durante los primeros meses de la pandemia, la gestión “ejemplar” de no derivar a personas mayores a los hospitales provenientes de residencias dejó la friolera de 7.291 víctimas mortales. Un protocolo que, según su gobierno, nunca se aprobó, pero que sí se llevó a cabo. Lo reconoció incluso su propio exconsejero de Ciudadanos, que se negó a aplicarlo. No sólo hubo mentiras —como decir que las competencias eran de Pablo Iglesias—, sino también el habitual desprecio de los gobiernos del PP, junto a despilfarros y corrupción con contratos de mascarillas. Por supuesto, aquí tampoco hubo ni habrá condenados (Controlan la sala segunda del Supremo), pero las víctimas no podrán estar nunca más.

Existen más casos de catástrofes —véanse los incendios de Castilla y León o lo ocurrido en Galicia estos años atrás—, sin mencionar los casos de corrupción a todos los niveles, e incluso de todos los colores. Pero, por más que me he puesto a buscar catástrofes en el ala socialdemócrata, no le llegan a la suela de los zapatos a los conservadores. Y por respeto a la fecha que es, hagamos el último análisis de hace justo un año: aquel 29 de octubre de 2024.


Lo volvieron a hacer. Una gestión que acabó en tragedia. Una riada cuyas consecuencias todos conocían, menos quien se encontraba comiendo en un restaurante —y Dios sabrá qué más, qué esconden—. Mientras se daba ese “caprichito”, la DANA azotó con fuerza el interior valenciano, causando un total de 229 víctimas —siete más en Castilla-La Mancha y una en Málaga— y miles de heridos y afectados, con destrozos inigualables y una ciudad sumida en el caos y el dolor. Muchas personas imploraron una ayuda que no llegó; otros vieron arrastrados a sus seres queridos, casas, coches y edificios destrozados. Y todo, con un presidente de jajas y una consejera que admitió meses más tarde que no sabía de catástrofes. Durante este año, mentiras, críticas a todo aquel que buscaba justicia, declaraciones que son de risa y un pueblo abandonado a su suerte. Por suerte, hay una jueza que está haciendo un trabajo eficaz, que está consiguiendo todo lo necesario para que, esperemos, se haga justicia con estos inútiles de la gestión.

Hoy es día de recuerdo y respeto, pero también de reflexión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a seguir siendo homicidas imprudentes allá donde van? ¿Por qué quienes los votan no se dan cuenta de lo que realmente son, haciéndose indirectamente culpables de lo que provocan? Claro que todos no son iguales; pueden producirse errores incontrolables, porque nada es perfecto. Pero de los errores a una negligencia hay un paso importante. Y en cada gobierno que presiden, ocurren desgracias, se recortan derechos, en sanidad —véase Andalucía y sus cribados con el cáncer de mama—, en prevención de incendios —Mañueco y su “no hace falta prevenir nada”—, en resumen, en el día a día de nuestra sociedad. Pero ahí siguen, mintiendo, pisando a sus víctimas, riéndose de su pueblo, robando y siendo cómplices de tramas mafiosas, porque es lo que son. Y el pueblo comienza a estar harto de ello.

¿Hasta cuándo?

Daniel Camacho.

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